En el sistema judicial español hay una máxima que se repite incesantemente, quizás por su dificil asunción: el objetivo de la pena que se le impone a alguien tras un delito no es la venganza, sino la reinserción. Lógico, y aún así, visceralmente repulsivo en algunos casos como el de Marta del Castillo, en el que los condenados se han reido de la justicia y de la sociedad al no revelar el paradero del cuerpo de la joven, o el de los niños Ruth y José, asesinados por su propio padre como venganza contra la madre tras haberse roto el matrimonio. En ambos casos, por la crueldad del crimen y por la desfachatez de los asesinos, uno no tiene deseos de imponer una sentencia legalmente justa, porque la única justicia que aquí debería caber es la del ojo por ojo y diente por diente.
Sin embargo, en otros casos menos graves se entiende que tras el cumplimiento de la pena, el que cometió el delito tiene derecho a proseguir con su vida, a hacer borrón y cuenta nueva, pues ya pagó a la sociedad y puede pasar página y seguir su camino. Nadie tiene derecho a hacerle pagar dos veces la cuenta que ya saldó, ni a ser altavoz de su anterior delito para provocarle daño una vez reinsertado en la sociedad. Y no importa a qué se dedique. El espíritu de la ley es el mismo con independencia de la profesión del afectado. Tanto da que sea fontanero como conductor de tren, cantante o pintor como político. Tanto da. O tanto debería.
Sin embargo, parece que populares y socialistas por igual se han escandalizado porque un hombre condenado por acoso hace diez años ha emitido un voto. Claro que era un voto decisivo gracias al cual los populares han perdido la alcaldía de un pueblo importante a favor de los socialistas, pero este hombre en cuestión ya llevaba años reinsertado en la vida política, y había fundado un nuevo partido con el que consiguió representación en el Ayuntamiento.
Por lo tanto, si la reinserción ya era un hecho, ¿qué es lo que les ha llevado a poner el grito en el cielo, llegando incluso a pedir la dimisión del alcalde resultante? Estoy de acuerdo en que el acoso es un delito repugnante, pero la reinserción no distingue entre repugnancias: simplemente es un derecho tras el cumplimiento de una pena, y este político no ha vuelto a ser acusado de acoso: su delito esta vez ha sido, simplemente, votar.
Y no me parece que este sea el momento de andarse con florituras y exquisiteces entre justicia y política. Si a todo político condenado por la justicia española se le negase el derecho a voto, en unos años podríamos encontrarnos con un buen problema. ¿O es que los delitos económicos y financieros no les son tan repugnantes?
